La dirigente sindical Alejandra Martínez Romero formuló un pedido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que despache con prontitud una definición acerca de si someterá al secretario Fernando Valladares a un sumario administrativo que eventualmente derive en una sanción de cesantía. Con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, Martínez Romero advirtió que habían transcurrido tres meses desde los hechos que dieron origen al pedido de una pesquisa interna; que se aproximaba la feria de enero y que el fedatario había sido sancionado en octubre, por lo que la constatación de una nueva falta debía dejarlo afuera del Poder Judicial.

Tercer juicio de Pedicone en el fuero Contencioso

El pronto despacho ingresó el martes a la Secretaría de Superintendencia del alto tribunal. Martínez Romero, que es secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación-Filial Tucumán, había requerido el sumario de Valladares luego de que este desmintiera el contenido del acta labrada el 28 de julio por pedido del juez Enrique Pedicone y para acreditar que el vocal Daniel Leiva le había solicitado conversar sobre la causa por supuestos delitos sexuales y de corrupción atribuidos al legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). Luego de que Pedicone denunciara a Leiva el 1 de septiembre, el secretario se desmintió a sí mismo y dijo que había elaborado el instrumento por “temor reverencial” al juez, quien sostuvo que aquel había sido presionado y que él disponía de grabaciones que acreditaban que había actuado libremente. Estos hechos forman parte de las acusaciones esgrimidas contra Pedicone por la comisión de Juicio Político de la Legislatura para demandar su destitución.

La presentación dirigida a que la Corte abra un procedimiento disciplinario contra Valladares dice que la “autoredargución de falsedad” no existe y que el acta en cuestión goza de plena fe. “Cuarenta días después, el secretario se desdijo. Esto es una confesión de falsedad ideológica y material, y de violación de los deberes de funcionario público”, observó la gremialista. Y agregó: “el absoluto silencio durante un tiempo más que prudencial magnifica su mentira. Valladares es indigno de ejercer la función judicial”.